Según Castañeda, unas 700 mil micro y pequeñas empresas en Honduras generan más del 90 por ciento de los puestos de trabajo, pese a que permanecen relegados a nivel público, pues requieren apoyo para alcanzar una mejor competitividad.
“Al Gobierno le interesa generar votos y no competitividad en sus 18 variables que le competen al sector público”, señaló.
Agregó que “existe un atropello de leyes que ni siquiera los abogados entienden y todo esto afecta a quienes generan el 96 por ciento del empleo en el país”.
Aseguró que la microempresa si tiene que competir con grandes empresas que traen sus productos de otros países.
Lamentó que el Gobierno no ha entendido lo que significa la palabra competitividad y por ende muchas empresas se han ido a la quiebra, no hay acceso al crédito.
Por su parte, Carlos Gunter Laínez, vice ministro de Industria y Comercio, aseguró que en el Gobierno no hay confusión, porque existe un acuerdo nacional para fomentar la atención de la Mipymes a través de regiones específicas.
El funcionario arguyó que en el Gobierno sí hay claridad, pero falta que se organice la colectividad.
Agregó que este rubro productivo no funcionará sin el apoyo financiero respectivo.
En ese sentido, anunció una inversión de 50 millones de lempiras disponibles para facilitar las garantías complementarias y la operatividad de las pequeñas y medianas empresas.
