El también ex canciller y ex ministro de Defensa, manifestó que hay mucha preocupación en el país pues existe la percepción de que la institucionalidad se está fraccionando y de lo que Honduras era hace algunos años, prácticamente están quedando despojos institucionales simplemente.
“Hay una impresión de que se está concentrando el poder en personas determinadas, no solo del poder político sino del poder económico también, desplazando violentamente a otros sectores y eso indudablemente está causando reacciones que al final quien va a perder es Honduras”, señaló.
Necesario, pero no es solución
En ese sentido, consideró que la figura del Juicio Político aprobada esta semana por el Congreso Nacional, no es una solución, aunque cree que es necesaria, pero debidamente instrumentado que puede dar resultados.
“No es la solución a los problemas que tenemos; es una solución para el Congreso Nacional, particularmente para aquellos que están interesados en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dicte sentencias como ellos quieren, pero al final eso en lo que repercute en una falta de confianza y credibilidad.
Por su parte, el diputado pinuista Germán Leitzelar, aseveró que el Juicio Político, tal como se aprobó, fortalece la institucionalidad democrática en Honduras, porque no se permite su aplicación mientras no haya una ley que garantice plenamente que se va a aplicar en función de causas bien determinadas y procedimientos adecuados.
No obstante, destacó que la ley hay que socializarla lo que implica invitar a reconocidos juristas como el ex fiscal general, Edmundo Orellana y otros constitucionalistas y especialistas así como recibir información de fuera del país para adaptarlas adecuadamente en Honduras, lo que garantice las causales con mayor precisión para establecer cuáles son las graves.
Ejemplificó que para destituir a un alcalde no se le puede abrir un proceso, sino es con un plebiscito y referéndum previo en su territorio y su pueblo que esté reclamando la destitución de ese edil pues de lo contrario cualquier presidente que esté enojado con ese funcionario edilicio, lo va a querer derrocar desde Tegucigalpa.
De su lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, opinó que la recién aprobada figura del juicio político es un mal mensaje contra quienes ejercen el derecho de libertad de pensamiento y de expresión en el país porque cualquiera que exprese una crítica que disguste a los políticos poderosos de cualquier poder del Estado, lo pueden llevar a juicio político.
“El mensaje que estamos recibiendo de parte del Congreso Nacional, es que se está institucionalizando el autoritarismo de parte de los poderes del Estado, antes eran dos contra uno, ahora aparentemente son los tres poderes en contra de la democracia hondureña”, cuestionó Custodio.
