Los funcionarios fueron acusados por el Ministerio Público del delito de abuso de autoridad en el sonado caso de la reimpresión de la edición del diario oficial La Gaceta que publicaba el decreto de concesión de la represa de Nacaome.
El Ministerio Público considera un abuso de autoridad el que la gerenta de la ENAG haya emitido una resolución única anulando las dos gacetas, facultad que solo le compete al Congreso Nacional y la Corte Suprema.
Las medidas cautelares impuestas son: no salir del país, presentarse semanalmente a firmar el libro de registro a los tribunales, y estar bajo tutela del abogado defensor.







