La resolución fue apoyada por la unanimidad de los miembros del máximo organismo electoral hondureño.
La resolución manda declarar ilegal la encuesta de opinión político electoral “por ser violatoria” a la Constitución de la República y la Ley Electoral y de las Organizaciones Política.
En vista de lo anterior, los magistrados del TSE resolvieron “denunciar los hechos a que se alude” ante la Fiscalía General de la República, por considerar que los mismos constituyen “actos delictivos” en contra de la Constitución y del cronograma electoral
Asimismo instruyeron a las Fuerzas Armadas que se abstengan de recibir, custodiar y distribuir el material de la encuesta por ser una atribución del TSE y proceder al comiso de dicho material, que según declaración del Poder Ejecutivo se encuentra en las instalaciones de la Fuerza Aérea.
