Un grupo de mineros, pasando por alto las disposiciones gubernamentales que prohibieron la explotación en la zona por la fragilidad del terreno y para evitar otra tragedia mayor, llegó con pala y piocha a la mina para buscar oro y con ello algo de comer.
Inmediatamente fueron capturados y procesados, pero liberados horas después bajo la figura de “criterio de oportunidad” al valorar la Fiscalía que sus faltas no eran graves, comprender la situación que atraviesan y suscribir un convenio con ellos de que no volverían a la mina, caso contrario, se les reabriría el proceso.
Así legalmente quedan inmovilizados: no pueden violar la prohibición gubernamental. San Juan de Arriba, como toda la región de El Corpus, Choluteca, es una zona minera, asentada en la riqueza del oro, pero llena de pobreza.
Allí la agricultura no da porque la tierra se agotó dicen conocedores mientras otros creen que la tierra aún promete dar sus frutos. Si les dan semillas para sembrar se encontrarán con el problema de la sequía, no llueve por los efectos del fenómeno de El Niño y el cambio climático. Los pronósticos dicen que esa franja del sur del país será una de las regiones severamente golpeada por este fenómeno que golpea a casi toda Centroamérica.
El llamado de la Iglesia El pacífico hondureño siempre ha sido una zona áspera y en el caso de El Corpus, los proyectos de riego no son tampoco tan florecientes. La gente vive del comercio que deja la venta de oro, a un costo muy alto, al someter a los mineros a condiciones pésimas de explotación. Pero es la vida que conocen. Sensibilizada por el tema, la Pastoral Social Caritas y el Obispado de Choluteca han estado con el dedo índice apuntando para que la tragedia de los mineros del sur no se olvide, que no quede enterrada como se encuentra el resto de los once mineros que no pudieron ser rescatados.
Sólo en la región de El Corpus, unas cinco mil familias de mineros artesanales a pequeña escala, son obligadas por el hambre a internarse diariamente en las entrañas de la tierra tras la búsqueda del pan diario, sin ningún equipo moderno de protección a su salud y a sus vidas. De acuerdo a la iglesia católica, este trabajo se realiza en condiciones de cuasi esclavitud, lo que representa “una profunda ofensa a la dignidad humana de hombres, mujeres y niños que tienen como única alternativa la minería artesanal para poder sobrevivir”. La ciudadanía, sostiene, asume con estoicismo las condiciones inhumanas de este trabajo, con los riesgos inherentes a esta actividad, sabiendo que fuera de ella no tiene otras alternativas para tener los ingresos que le posibiliten una vida digna. “Se siente indefensa por el desinterés y la alta permisibilidad del Estado que no reacciona ante las demandas hechas por la población para eliminar la contaminación de las aguas, por la utilización del mercurio, la insalubridad ambiental y las condiciones materiales y técnicas de extracción rudimentaria y riesgosa para los trabajadores áuricos”, dice la misiva pastoral. El Gobierno ha anunciado que busca desarrollar en esa zona un parque industrial de la minería artesanal en donde haya oportunidades igualitarias de exploración y explotación del oro y los otros metales que ahí existen. La idea es crear una especie de alianza público privada comunitaria. Pero mientras tanto, la comunidad sigue sin trabajo, la angustia se apodera de las familias a medida que pasa el tiempo, como paliativo la administración gubernamental envía ayuda de diverso tipo. El empleo es urgente. |
Una propuesta de tres componentes
En este sentido, el Obispado de Choluteca y la Pastoral Social Caritas lanzaron lo que consideran “algunas” propuestas y orientaciones que permitan dar sostenibilidad a la solución de los problemas que enfrenta ese pueblo de la minería artesanal.
La propuesta tiene tres ejes. El primero habla de gestionar accionar de ordenamiento territorial parta determinar las zonas que reúnen las condiciones de seguridad para la explotación minera artesanal; diseñar e implementar instrumentos de gestión territorial y ambiental, entre otros aspectos.
El segundo eje está relacionado con la diversificación de la actividad económica y productiva a fin de promover actividades con valor agregado, promover la organización comunitaria para la actividad económica, entre otros.
El tercer eje está orientado a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, invertir en el mejoramiento de las capacidades técnicas y articular planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos, comisiones ambientales y de transparencia municipal.
Esta propuesta, de acuerdo a la Iglesia Católica, intenta evitar que se corra el peligro de olvidar pronto la tragedia de los mineros y continuar la vida sin tomar las medidas del caso.
De momento, el gobierno ha anunciado que reactivará el rescate de los mineros soterrados y que hará uso de maquinaria, ha impulsado reuniones entre la autoridad municipal y los obreros para identificar los puntos por donde vendría el despegue en la zona.
Pero, el hambre aprieta y según la iglesia, es un imperativo moral diversificar la economía en la zona, el combate a la pobreza y el fortalecimiento de la sociedad civil para realizar una gestión ambiental racional, ética y humana.
“Solamente la muerte de estos hermanos y el dolor de tantas familias no quedarán estériles, sino que producirán frutos para una buena vida para todos”.
