El pasado jueves, la aplanadora liberal en el Poder Legislativo aprobó uno de los cuestionados contratos de generación de 150 megas a la compañía Cechsa y otro por 55 megavatios a la empresa Vetasa para la administración y mantenimiento de dos plantas térmicas propiedad de la ENEE, localizadas en Puerto Cortés.
La aprobación de los contratos tomó por sorpresa a varios diputados de la oposición, ya que uno de los contratos era cuestionado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por contener una serie de irregularidades de orden técnico y financiero que, según los expertos, dejaría graves daños económicos y ambientales al país.
Otro de los cuestionamientos hechos por el TSC es que los contratos no fueron sometidos a un proceso de licitación pública internacional, sino que se adjudicaron de forma directa por las autoridades de la ENEE, dirigidas por el entonces presidente de la Junta Interventora, Arístides Mejía, actual secretario de Defensa.
A pesar de las objeciones hechas meses antes por el TSC y varios expertos en el tema, la bancada del Partido Liberal en contubernio con un grupo de diputados nacionalistas dio el visto bueno a los polémicos convenios energéticos.
El contrato de generación de 150 megavatios adjudicado a Cechsa tendrá un costo de 14 centavos de dólar por kilovatio hora y, de acuerdo a las estimaciones, representará una erogación anual de 180 millones de dólares, alrededor de 3,600 millones de dólares en 20 años, es decir, más de 69 mil millones de lempiras.
Mossi dijo que es lamentable que esto siga sucediendo en Honduras, máxime cuando había de por medio un informe del TSC, que en cualquier otro país del mundo, es suficiente motivo para que se detenga la adjudicación y aprobación del contrato, mientras no se aclaren las objeciones presentadas por el ente contralor.
“Solamente aquí en Honduras podemos ver esos exabruptos al aprobar este tipo de contratos de una forma amañada y sin que se conozcan los alcances de los mismos”, refirió el experto.
Dijo que no es cierto el argumento de los diputados liberales de que si no se aprobaban los contratos iban a venir apagones en los próximos meses al país, ya que esa situación se advirtió desde hace muchos meses atrás, pero el gobierno no tomó las previsiones del caso y más bien dilató la compra de la energía.
“Esto fue advertido desde hace dos años. Entonces ¿Qué responsabilidad tienen los personeros que no tomaron las acciones necesarias cuando se les dijo que había que comprar energía?. Cuando el ingeniero Juan Bendeck (ex gerente de la ENEE) se los dijo, simplemente lo que hicieron fue separarlo del cargo”, apuntó.
Indicó que ahora el gobierno está a la carrera comprando energía mucho más cara, más sucia y contaminante desde el punto de vista ambiental.
“Yo estoy sumamente apenado y consternado diría yo por estas acciones que el gobierno de la República está tomando y que simplemente muestran que no se tiene un plan y no se tiene una forma de actuar honrada y que deja mucho que desear de los diputados que aprobaron el contrato”, aseveró Mossi.
Inevitables racionamientos
El experto aseveró que a pesar de los argumentos que esgrimió el gobierno para aprobar el referido contrato, las plantas de generación no estarán listas en enero de 2009 como se tiene previsto y es casi seguro que el próximo año habrá racionamientos en el país.
Apuntó que el contrato suscrito con Cechsa dice claramente que la instalación de las plantas se hará un año después de publicado el documento en el diario Oficial La Gaceta y 36 meses después las pondrán a funcionar.
Además el contrato ni siquiera especifica el lugar o el sitio en donde la empresa construirá las plantas de generación, lo cual demuestra el nivel de improvisación que llevó a la aprobación del contrato. “Yo no sé si los diputados se tomaron la molestia de leer ese contrato e interpretarlo”, dijo.
Asimismo, el consultor detalló que el contrato con Cechsa tiene dos cargos: uno fijo de operación y mantenimiento que es normal en este tipo de acuerdos, pero además contiene una clausula que establece otro cargo por las facilidades de transmisión y las subestaciones que construya el contratista.
Eso, a su juicio, implica otro costo adicional para el Estado que aún no se sabe, porque depende de lo que invierta la empresa en la construcción de estas facilidades y de las negociaciones a las que se llegue con el gobierno.
“¿Cuánto es? No se sabe porque eso va ser objeto de otra negociación oscura seguramente porque no se establece en el contrato el valor de estas facilidades de transmisión y distribución”, aseveró.
En resumen, Mossi consideró que los usuarios hondureños tendrán que pagar un costo por el servicio de electricidad mucho más caro, ya que esos cargos adicionales elevarán el valor de kilovatio hora a 19 y 20 centavos de dólar.
En tal sentido, el experto aseveró que los órganos contralores y fiscalizadores del Estado deberán de deducir las responsabilidades penales y administrativas a los funcionarios del gobierno que no tomaron las medidas oportunas para que esta situación no se diera.
“De acuerdo con las cifras que yo he visto simplemente al inicio de este contrato, cuando se esté trabajando con diesel y con bunker, el precio promedio va andar por el orden de los 19 y 20 centavos de dólar por kilovatio hora, de tal forma que no es más barato que los contratos actuales”, detalló.
El consultor recordó que los personeros del gobierno criticaron tanto a los generadores térmicos que actualmente proveen energía al Estado, pero no dijeron que los términos económicos de este contrato con Cechsa es mucho peor en términos económicos que cualquiera de los contratos existentes en este momento.
Añadió que las implicaciones económicas para la ENEE por la firma de este contrato de generación en base a carbón serán funestas para las finanzas del Estado y “es darle el tiro de gracia a la ENEE y va agravar su situación financiera”.
“La tarifa se calcula con los precios de generación que estamos pagando y obviamente si estamos pagando más por la energía que estanos comprando va haber una preció más fuerte y va aumentar la tarifa al usuario final y sino seguiremos con las pérdidas que andan por los más de 3,000 millones de lempiras”, concluyó.
TSC investigará
Sobre el mismo tema, el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga, dijo que es bastante difícil que ese organismo pueda revocar el contrato de suministro aprobado por los diputados, pero indicó que inmediatamente que el convenio entré en vigor iniciarán las auditorías para determinar las irregularidades que se cometieron en el proceso.
“Esta es una cuestión ya decidida, ya está aprobado ese contrato y ya es una responsabilidad que corre por cuenta de los diputados y las autoridades de la ENEE, porque nosotros lo que hicimos en su momento fueron los señalamientos y las recomendaciones, atendiendo las sugerencias de los técnicos y los expertos”, aseveró.
Dijo que el papel del TSC es realizar las auditorias posteriores y conforme a eso se deducirán las responsabilidades civiles, penales y administrativas a quienes correspondan.
