Tegucigalpa. – El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, nuevamente se sigue equivocando en su estrategia de ataque a la prensa y los medios de comunicación, y en su última hazaña no solo ha criminalizado el periodismo y la libertad de expresión, ha vulnerado también principios universales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República que protegen la libertad de expresión y el derecho al honor y reputación de las personas.
Usando el medio digital de las Fuerzas Armadas, financiado con fondos públicos, la institución castrense desplegó en su portada un titular en el cual colocó el logo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el rostro de tres colegas, Juan Carlos Sierra (presidente del CPH), Dagoberto Rodríguez (director de Radio Cadena Voces y Premio “Álvaro Contreras” del CPH) y Rodrigo Wong Arévalo (director de Abriendo Brecha y Canal 10) para acusarlos de “Sicarios de la verdad”, por informaciones difundidas en sus medios y sus discursos en la premiación del CPH en ocasión del Día del Periodista, que de acuerdo al general Hernández, no responde a la verdad.
Los mecanismos para usar el derecho a réplica ya están establecidos en la ley de emisión del pensamiento y otras leyes secundarias del país, pero el general Hernández ha optado por el camino del ataque y la confrontación, sigue empeñado en que los medios y periodistas le revelen las fuentes periodísticas para ir tras la “caza” de quienes revelan interioridades castrenses bajo la norma de la confidencialidad, un derecho que asiste a los periodistas en la búsqueda de información que estima es confiable y de interés público. El general no quiere que se sepa qué esta pasando a lo interno de la institución que lidera, máxime después del desastre en que incurrieron con lo acontecido el 9 de marzo y el paseo de las maletas electorales en la capital que tardaron hasta 14 horas para llegar a los centros de votación, cuando la ley les otorga la custodia de esos materiales.
El general Hernández, en este nuevo ataque a la prensa, a periodistas y a la libertad de expresión incurrió en una serie de vulneraciones que seguramente no fueron advertidas por sus asesores o estrategas, que presumo debe tener. Al llamar “Sicarios de la verdad” a tres periodistas hondureños y usar el logo institucional del CPH, las Fuerzas Armadas—representadas por el general Hernández—están estigmatizando de forma directa al gremio periodístico, y a los tres colegas periodistas, en particular.
El término “sicarios” es una palabra asociada a asesinos por encargo y sugiere una acusación gravísima sin el respaldo del debido proceso legal. Ello vulnera así el derecho a la libertad de expresión mencionado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el derecho al honor y reputación que contempla también la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y más allá de eso, el general Roosevelt Hernández ha colocado en riesgo la vida e integridad de los periodistas señalados al exponerlos como “enemigos del Estado”. Se ha usado, además, recursos públicos para atacar a la prensa, y al provenir los ataques de una institución investida de autoridad y el poder de las armas, la gravedad es mayor porque rompe el principio de neutralidad a que están sujetas.
El uso de recursos públicos desde un medio oficial para atacar a la prensa, obliga al gobierno a responder si se está frente a una política de Estado contra el ejercicio periodístico y de libertad de expresión, pues en un país polarizado como Honduras, este tipo de ataques no solo estigmatizan, criminalizan y generan odio contra la prensa y el periodismo, también abren las puertas a la censura sutil y directa, la autocensura y la inhibición al debate público y al derecho ciudadano de y a la información pública.
La Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y organismos nacionales vigilantes de la libertad de expresión han venido advirtiendo de los riesgos que vive el periodismo hondureño, de los crímenes cometidos que siguen en impunidad, y de las campañas de odio y estigmatización que buscan acallar las voces críticas del periodismo hondureño y del periodismo independiente. Vamos “camino al infierno” advierte Reporteros sin Fronteras.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la embestida contra la prensa ha concitado el interés nacional e internacional por la figura institucional que representan, la virulencia de sus acusaciones en una narrativa de una criminalización simbólica hacia el ejercicio del periodismo.
El más reciente sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC/SJ) de los jesuitas, señala que cerca de un 63% de los hondureños considera que en el país no se respeta la libertad de expresión. Señalan también un deterioro en la situación de los derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas no salen bien valoradas en este sondeo, apenas tienen un 15.7% de apoyo dentro de los cuerpos armados del Estado. Y ocupan el tercer lugar dentro de la percepción ciudadana de ser parte de los actores que fomentan el narcotráfico en el país.
Tremendo reto tiene el general Hernández y la institución castrense para revertir estas valoraciones, recuperar su rol de neutralidad, y evitar caer en un descrédito mayor en un laberinto de errores que han construido, donde todo indica que, por ahí, no es el camino General. La era oscura de la institución castrense no debe retornar.
