Además son acompañados por Thomas Loudon, secretario ejecutivo de la paralela y zelayista Comisión de la Verdad.
La referida comisión y el Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), presentaron la petición para que la administración Obama entregue la documentación del Pentágono y la CIA, el servicio de inteligencia exterior de Estados Unidos.
En la misma línea, Oliva dijo que pidió al gobierno estadounidense la suspensión de la ayuda a Honduras.
El CCR registró anoche, amparándose en la Ley de Libertad de Información, una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, para que el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publiquen documentos relacionados con el golpe que derrocó el 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya.
«Demandamos apoyo del presidente Barack Obama para que ordene la desclasificación y abra los candados sobre la verdad», señaló Oliva.
Pero Oliva también reclama que Estados Unidos comparta con el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) toda la información recopilada sobre el actual gerente de Hondutel, Romeo Vásquez Velásquez, y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La cofundadora de COFDEH también dijo que los hondureños «necesitamos y solicitamos la suspensión de la ayuda militar que proporciona el Gobierno de EE.UU. a nuestro país», porque, según ella, envía botes de gas lacrimógeno que luego sirve para «reprimir a la población hondureña que demanda sus derechos».
«Vivimos en un régimen militar disfrazado de civil. Estamos enfrentando una política de Estado impune y cruel», porque los derechos humanos «están siendo violados todos los días», denunció.
Samant explicó que con anterioridad se habían presentado sin éxito solicitudes sobre cualquier comunicación que se podría haber producido entre personal estadounidense y autoridades hondureñas relacionadas con el golpe y para conocer lo que EE.UU. sabía cuando el avión en el que Zelaya fue expulsado del país y llevado a Costa Rica repostó en la base militar de Soto Cano.
El litigio se centra en tres solicitudes, dos al Pentágono, y una a la CIA. En las primeras peticiones, se pide la publicación de información sobre lo que podría haber sabido EE.UU. sobre el golpe, teniendo en cuenta las relaciones bilaterales, comerciales y militares «extremadamente» estrechas que ha mantenido con Honduras.
En la demanda se alega que «pocas cosas ocurren en Honduras sin el conocimiento de EE.UU. o consultas» con Washington.
También exige documentos sobre el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vázquez, responsable de los militares que derrocaron a Zelaya.
La información que se busca obtener de la CIA se centra en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) con el argumento de que la agencia había dado seguimiento o al menos tenido conocimiento de los «poderosos» intereses de ese grupo en la política hondureña.
Loudon, por su parte, explicó que la Comisión está documentando casos de violaciones que podrían servir más adelante a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigarlos, y también está tratando de establecer vínculos entre los abusos actuales y los que se cometieron en los años ochenta y las personas responsables.
Barrios recalcó además que en Honduras «no hay ninguna posibilidad» de que se haga justicia, porque todo el aparato judicial fue nombrado por el presidente de facto Roberto Micheletti.
En cuanto al futuro de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue suspendida, Loudon dijo que sería «un error tremendo» readmitir a ese país en estos momentos.
«Una readmisión en estos momentos sería horrible para los derechos humanos, daría una carta blanca al régimen para seguir exactamente igual», sostuvo.
